El enriquecimiento repentino de un grupo de personas en la localidad de Eldorado, a partir del doble homicidio de Julio Joison y su hijo en el hotel de turismo de Eldorado en enero de 1997 se desató una serie sospechosos acontecimientos que llega hasta nuestros días.
Como si se tratara del argumento de una serie de misterio, con el trágico final de Joison – quién era socio mayoritario de ICFICSA una compañía con más de veinte mil hectáreas de tierras en Misiones – generó que el resto de los socios pusiera en manos de Víctor Do Vigo, un administrador la responsabilidad que ejercía en difunto de controlar y dirigir las actividades del negocio.
Este administrador se instaló en Eldorado y amasó un fortuna y un vida de lujos, realizando ventas y transferencias de lotes a favor de su esposa Marilin Pizzuto para las que no estaba facultado y estafando a los dueños de la sociedad hasta entregar la casi totalidad de las tierras a diferentes empresarios de la zona, los cuales aún no se sabe si tuvieron cabal conocimiento de las maniobras en las que se vieron envueltos.
Una transferencia de acciones del socio mayoritario en favor de un nuevo accionista permitió a la larga un costoso proceso que está llegando a su fin para restaurar la propiedad a sus originales dueños, o a sus herederos. En contraparte, un grupo de empresarios hicieron mucho dinero con la venta de más de 18.000 hectáreas de manera irregular.
Un reciente dictamen del fiscal de la causa en la que recayeron las denuncias determina que el administrador Víctor Do Vigo se extralimitó en sus facultades vendiendo tierras sin estar habilitado para ello e incluso en su carácter de administrador evitó informar la nueva composición accionaria de la empresa para seguir haciendo esas ventas irregulares, sin que el nuevo accionista pueda impedirlo.
Según los damnificados “la mala administración de Do Vigo que intentó transferir tierras de cualquier manera, lo llevó a varias desprolijidades, tanto que muchos lotes originales de la compañía ICFICSA fueron entregados a amigos y profesionales a los que Do Vigo les daba trabajo o pedía favores”.
“No se trata de que se esté despojando a campesinos sin tierra de sus chacras, sino de industriales madereros y gente de alto poder adquisitivo que se apropió de tierras de forma irregular”
Entre las diversas situaciones de tenencia irregular identificadas en estas tierras, destaca la de la empresa ARAUCO S.A. En principio a partir de comunicaciones informales de forma no hostil se le comunicó a la empresa la situación que se había descubierto a partir de la puesta en marcha de la acción de recuperación de la potestad de uso de las tierras, la falta de respuesta de la empresa, motivó en primera instancia la presentación de dos exposiciones policiales para lograr que personal autorizado de la misma se acerque a intercambiar información con los administradores de ICFICSA.
Se realizó también una presentación frente a la empresa Soil Association empresa certificadora encargada de la auditoría de ARAUCO para la certificación dentro del estándar FSC, la certificadora despachó la queja desestimándola y sin siquiera cotejar la información de las partes, ni solicitar información adicional al denunciante ICFICSA, alegando que la propiedad de los lotes estaba probada por parte de ARAUCO S.A. y que esa prueba no podía ser puesta a disposición por ser de carácter reservada; El encargado de las comunicaciones con la empresa certificadora, fue gerente ambiental de ARAUCO antes de ocupar el puesto actual en la certificadora.
ARAUCO está ocupando de forma irregular cincuenta y cuatro lotes, con un total de más de 5000 hectáreas de superficie, la obtención de su certificado de manejo forestal sustentable parece estar más asociado a su poder territorial y económico que a un desempeño adecuado en lo ambiental, social y económico en sus operaciones forestales.
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