SAN JAVIER. La verdadera “pesadilla” de Diego Sosa comenzó en el año 2012, proceso en el cual perdió su empleo y fue denigrado por sus propios pares.
En diciembre del 2012, los títulos de los principales medios provinciales titulaban “Caos en un boliche cuando un prefecturiano lanzó gas pimienta”. Sin medir consecuencias, además no olvidaron poner nombre, apellido e incluso el apodo de Sosa, con el que se lo conocía en la localidad de San Javier.
Según el primer parte policial, lanzado con cierta “cizaña” contra el mencionado, se aludía a que varios jóvenes habían sido alcanzados por la sustancia tóxica y se agarraron a golpes de puños con el marinero. Lo cierto, es que desde un comienzo algo no cerraba en la historia y según consta en el expediente judicial, la manipulación de los datos y testigos se habían hecho para de alguna forma “perjudicar” al acusado.
Una prueba fehaciente de lo mencionado es el primer informe de uno de los oficiales, que testificó a las 3.15 hs de la madrugada que “Sosa, tenía según el informe médico aliento etílico”, ratificado por testigos, pero extrañamente no había sido revisado por el profesional hasta pasadas las 4, en el cual se confirma que, a esas alturas, el detenido no había ingerido bebidas alcohólicas.
Es así, que a casi 7 años de lo sucedido y ante el escrache social recibido por el acusado, el Juez Correccional y de Menores de la ciudad de Posadas Dr. César Raúl Jiménez, resuelve “revocar la Resolución dictada por el Juez de Paz de San Javier”, considerando que el Juez contravencional “concluye sin otorgar al encartado el debido derecho de su defensa y además en forma infundada”. Entonces, ¿Quién se hará cargo ahora de los daños y perjuicios?
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