El desmonte en suelo sagrado de la comunidad Mbya en Campo Grande llega a niveles impensados de amenazas y ante el silencio total del gobierno.
Tras el reinicio de actividades de extracción de madera de la empresa Carba SA en lotes ubicados en territorios indígenas en Campo Grande, ahora el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) expresó su preocupación respecto de la problemática.
En un comunicado elevado al Ministerio de Ecología de Misiones, el organismo -que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- se hace eco de que “la empresa nuevamente ha procedido en los últimos días a realizar desmontes en territorio comunitario, como ya lo hiciera durante el mes de febrero pasado, siendo impedido su continuidad por miembros de la propia comunidad”.
En este sentido, expresan que su preocupación consiste en la “posible vulneración de los derechos que tutela el territorio cuyo resguardo se ve amenazado o afectado, violando las prerrogativas constitucionales -art. 75 inc. 17 CN y Convenio 169 de la OIT-, siendo que, para mayor abundamiento, el territorio de la comunidad Kaá Kupe ha sido relevado de acuerdo a la Ley Nacional Nº 26.160 y Resolución Inai 251/14”.
Asimismo, aducen que, a contramano de la protección legal que debería ejercer, “el Ministerio de Ecología habría autorizado el mencionado desmonte”, además de que “tampoco es posible encontrar fundamento a la urgencia que llevó al dictado de la autorización en plena emergencia por la declaración de la pandemia de Covid-19 que llevó al aislamiento social obligatorio, en este caso, a la comunidad, por lo cual con los antecedentes conflictivos que esta situación contiene, no deja de ser una evidente acción que profundiza el mencionado conflicto”.
La misiva, firmada por la titular de la entidad, Magdalena Odarda, y dirigida al ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, sotiene la “enorme preocupación del Inai ante los hechos denunciados”, ante lo cual solicitan al funcionario “tenga a bien informarnos de las acciones que está llevando su cartera para considerar las consecuencias de los actos administrativos impulsados y, en consecuencia, el temperamento adoptado o a adoptarse a los efectos de resguardar la integridad territorial y física de los miembros de comunidades indígenas”.
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