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El gobierno decidió abandonar sin terminar el Gasoducto del NEA

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Finalmente, el sueño de contar con gas natural llegó abruptamente a su final.

El Gobierno desistió de terminar el Gasoducto del Nordeste. No se trata de una postergación ni un replanteo, sino que se decidió abandonar cientos de kilómetros de cañerías instaladas con el argumento de que durante más de una década el Estado desembolsó casi 2300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios.

Qué hacer con los caños

El primer desafío oficial es darle un uso a los 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, so pena de que se transformen en un monumento al despilfarro de fondos públicos. El renunciado titular de Enarsa, Hugo Balboa, había imaginado utilizarlo para almacenar el gas que sobra en verano. El diario Clarín publica que según Ieasa, una porción del tendido se está utilizando para llevar gas por redes a una docena de localidades santafesinas en un ramal que finaliza en San Justo y algo similar ocurriría con otras del Chaco sin que se sepa de caños que empalmen lo existente con el ramal santafesino que se alimenta en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Lo cierto es que Vaca Muerta recién produce el 10% del gas que se consume en épocas normales y por ahora parece difícil que pueda asimilar la demanda de una región tan grande como la del gasoducto ahora abandonado. A primera vista parece más económico y rápido completar los 100 kilómetros que dejó sin terminar Vertúa.

La decisión descarta de hecho a Bolivia como proveedora a futuro de los 26 millones de metros cúbicos diarios comprometidos en un contrato que vence en el 2026 y que algunos especialistas reivindican como “el más barato” de los importados. También representa rescatar sólo parcialmente la enorme infraestructura esparcida por el Nordeste a través de contratos dados de baja, aún sin la conclusión de las obras. A poco de asumir Mauricio Macri, Enarsa pidió una auditoría general de la obra a la Sigen, concluida en abril del 2017. Este trabajo identificó algunos pecados de origen como la falta de estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Como añadido: “falta de sustento económico financiero”, ya que la obra ni siguiera fue prevista en los presupuestos públicos.

Todo sea por el déficit fiscal

Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala en abril del 2017, los contratos en ejecución sumaban US$ .217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance: “la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”. Ese esfuerzo fiscal fue una causa de desaliento que se sumó a la idea de que el gas no convencional de Neuquén alcanzará para alimentar el circuito desde el sur. El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Pero sufrió una metamorfosis constante, con cambios realizados con procedimientos que no siempre honraron las formalidades exigidas por ley. Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Peor aún: no se constató que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.

Las adjudicaciones de los varios tramos en que se fragmentó la obra tuvieron precios US$117.400.000 por encima de los valores de referencia de Sigen y el segmento EPC8, en el Chaco, se adjudicó a una oferta “que superaba en 27% el presupuesto oficial”, sin que haya ningún justificativo técnico para eso. De remate: hace poco más de un año, “se encontraba pendiente de ejecución una parte significativa de las inversiones de los contratistas”, por las que éstos habían recibido anticipos.

Además de Vertúa, participaron otras firmas de distinta performance en el proyecto y reputación. Entre ellas Rovella Carranza, Contrera Hermanos, José Chediack (arrepentido en la causa de los cuadernos), Esuco (del arrepentido Carlos Wagner), BTU y Techint Compañía Técnica Internacional, que logró alzarse con uno de los fragmentos de la obra después de lidiar judicialmente para integrarse a concursos algunas veces anulados por razones poco nítidas. En el 2018 logró otro triunfo al ganar el concurso por los 100 kilómetros en Salta, que ahora abortó el gobierno.

El holding de Rocca tuvo un lugar particular en el GNEA. En el 2004 le arrimó a Néstor Kirchner la idea de ejecutar el tendido bajo el sistema de iniciativa privada con un presupuesto cercano a los US$1.200 millones. La primera oposición fue la de Repsol, que vio en esta propuesta una competencia a Loma de la Lata. Finalmente Julio De Vido decidió realizarla como obra pública convencional, a través de Enarsa, y reclamándole al grupo que le cediera la ingeniería base: lo consiguió sin problemas.

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