Frente a los recortes económicos a las prestaciones en discapacidad implementado por el Gobierno nacional esta semana, distintas organizaciones se están movilizando a lo largo y ancho del país. La medida implica para muchos referentes sanitarios un ataque directo a los pacientes, pero también para los prestadores.
En Buenos Aires, el pasado lunes se inició un paro con extensión y cobertura nacional durante tres días, incluido también un acampe de referentes de la salud en la Plaza de Mayo. El motivo es sencillo y grave: la falta de pago a quienes atienden a personas en situación de discapacidad a nivel nacional.
Según las organizaciones, la deuda está vigente hace meses y en varios casos hasta inclusive se extiende durante un año completo. Cabe destacar que esta situación se viene denunciando desde noviembre de 2020. En aquel momento se conoció que el 67% de los prestadores que trabajaban en el área de discapacidad no alcanzaba el costo de la canasta básica de pobreza. Incluso, durante la cuarentena fueron recortados distintos tratamientos que no se podían dar a distancia fueron recortados.
Para conocer el detalle de qué se trata la medida y cómo afecta tanto a los pacientes como a los trabajadores Alem News entrevistó a Laura Mir, psicopedagoga y especialista en Evaluación Neurocognitiva de Adultos.
“El ajuste sobre discapacidad es un recurso mediante el que se achican las partidas presupuestarias destinadas al pago de los prestadores qué trabajan con las personas con discapacidad dentro de lo que se llama el SUR o Sistema Único de Reintegro, para que esas personas que poseen el CUD o certificado único de discapacidad”, detalló Mir.
Los prestadores que trabajan con personas con discapacidad trabajan con las personas que tienen el CUD, perciben una pensión no contributiva y que además, solamente tienen ese ingreso de manera formal y registrada. “Es decir que las personas con discapacidad con pensiones no contributivas por discapacidad, y que a su vez tienen el certificado único de discapacidad y que a su vez tienen lo que se llama Incluir Salud (un programa Nacional de prestaciones para las personas con discapacidad exclusivamente), en teoría son pagadas por el estado, pues, este programa solventa todos los costos terapéuticos que tienen las personas con discapacidad”.
En ese sentido, la psicopedagoga indicó que si se recortan las partidas presupuestarias, entonces también se recortarán los pagos a los prestadores. Esto repercute y genera tanto conflicto porque las prestaciones que se brindan hoy, no se pagan en tiempo y forma, sino dentro de tres, cuatro, cinco o seis meses.
La Resolución 310 del Ministerio de salud de la Nación que inició en el año 2011 y luego tuvo sus modificatorias, establece que cada pago a prestadores contra factura se debe enviar el sistema único de reintegro a la oficina de Sur y luego eso se reintegra al beneficiario luego de 90 días. “Ahora la mayoría de las obras sociales nacionales no lo pagan a los 90 días incluso son muy pocas las que reintegran a los 90 días al beneficiario contra comprobante de pago”, indicó.
Entonces existe un sistema qué es el Sistema de Prestadores de Discapacidad con registro en la Superintendencia a través de la Agencia Nacional de salud o ANSal con un número de Registro, para cada prestador , requerimiento obligatorio para trabajar con personas con discapacidad.
En cuanto al circuito de cobro, Mir explicó a Alem News que “sí los prestadores presentan su facturación a la obra Social, es la obra social la que les va a pagar a los 90 días, en teoría. Pero la obra social espera el tiempo de reintegro (mínimamente 90 días), para pagar a los prestadores, con lo cual se dilatan muchísimo los tiempos porque en primer lugar. Hasta que el prestador presenta la facturación por la prestación trabajada todo el mes, hasta que esta factura llega a Nación (SUR), luego hasta que nació en gira los fondos a la obra social y después hasta que la obra social abona la prestación, el prestador no solamente tienen un atraso de al menos 3 meses sino que además tienen una desvalorización económica por la cuestión inflacionaria que pasados los tres meses, es muchísimo”.
“El conflicto no pasa únicamente por el recorte presupuestario, más el atraso, más el párate, agregado a que ahora hay una cuestión en la que nadie se hace cargo realmente, se echan la culpa de unos a otros… que el Ministerio recortó la partida presupuestaria, que la partida presupuestaria impacta en la jurisdicción que las jurisdicciones, pasan por AFIP, que la AFIP retiene… Entonces, el pago de hace tres meses que se debería cobrar pero vuelve a retrasarse un mes, dos meses o tres meses más, porque ahora en este momento es absoluta y totalmente incierto”.
En cuanto a qué sucede con los pacientes entre tanta burocracia, es preciso destacar que las personas con discapacidad que requieren este tipo de prestaciones son personas en avanzado estado de vulnerabilidad, que necesitan sus terapias todos los días, que necesitan su tratamiento todo el tiempo, o necesitan la medicación o el traslado, hasta la Alimentación y la internación inclusive.
“Estas personas si bien algunos han salido a la calle, muchos de ellos no lo pueden hacer. Por ejemplo una persona que es oxígeno dependiente no puede salir a la calle a protestar, una persona que tiene dificultades severas no puede salir a la calle a protestar o en estado de internación tampoco lo puede hacerlo, entonces salimos los prestadores y algunos de los familiares nos acompañan algunos de nuestros pacientes también nos acompaña pero resulta que no tenemos la fuerza suficiente con puede tener la un gremio de mucho mayor presión porque puede parar un país realmente, y entonces no tenemos respuesta vamos por 3 días de reclamos y no estamos teniendo respuestas de la nación, estamos haciendo petitorios se han presentado notas pidiendo explicaciones sobre los cambios, se han solicitado, incluso, por medio de firmas en línea y aún así no tenemos respuesta porque realmente es el sector más vulnerable.
“Como prestadores generamos una alianza con nuestros pacientes y sus familias, entonces realmente no los dejamos de atender ni suspendemos indefinidamente las terapias o prestaciones, eventualmente paramos un día o dos, pero volvemos atenderlos aún cuando no tenemos certezas del pago, porque de alguna manera ya nos acostumbramos a esta situación tan precaria laboralmente, en la cual no se nos pagan este mes y ni nos pagan el otro y nos pagarán devaluado y si lo hacen, será sin el ajuste inflacionario y nos quedamos con el consuelo zonzo de que en algún momento tal vez nos paguen”, ultimó la psicopedagoga.
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